La STPS impulsa una guía construida con la participación de jornaleras para facilitar el reconocimiento, la atención y la denuncia de situaciones de violencia, discriminación y desigualdad en el trabajo agrícola.
Quince trabajadoras agrícolas de Oaxaca, Sinaloa y Baja California participaron en un taller celebrado en San Quintín para compartir experiencias y propuestas sobre la prevención de la violencia laboral. Sus aportaciones serán consideradas en una guía que prepara la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para atender estos casos desde una perspectiva de género e intercultural.
La prevención de la violencia laboral contra las mujeres comienza a ocupar un espacio específico dentro de las acciones dirigidas a la población jornalera de San Quintín, Baja California. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó el 13 de agosto de 2026 sobre la realización del taller “Trabajo agrícola libre de violencia contra las mujeres”, aunque la actividad tuvo lugar el 29 de julio, dentro de una gira desarrollada entre los días 27 y 30 de ese mes.
El encuentro reunió a 15 trabajadoras agrícolas originarias de Oaxaca, Sinaloa y Baja California. La actividad se desarrolló como un espacio de diálogo intercultural, con participación de mujeres hablantes de español, mixteco alto y mixteco bajo. Este componente resulta relevante porque el idioma, el origen y la situación de movilidad pueden convertirse en barreras para comprender los derechos laborales, identificar una conducta abusiva o acceder a mecanismos de apoyo.
Durante el taller se analizaron prácticas que pueden constituir violencia laboral, así como situaciones de desigualdad y discriminación por razón de género. Las participantes compartieron las dificultades que enfrentan para defenderse, presentar una queja o encontrar una respuesta institucional cuando estas situaciones se producen en el entorno agrícola.
La actividad fue coordinada por la STPS junto con la Secretaría de las Mujeres, la red Tejedoras de la Patria y la Casa de la Mujer Indígena “Ve’e Naxihi”. Esta última aportó su experiencia en el acompañamiento a mujeres que viven situaciones de violencia y discriminación. La Secretaría de las Mujeres también brindó asesoría sobre casos concretos y realizó canalizaciones, según la información oficial.
Uno de los principales resultados del encuentro fue la revisión participativa de la futura Guía para Mujeres Trabajadoras Agrícolas destinada a la atención de casos de violencia laboral. La STPS señaló que las jornaleras aportaron observaciones basadas en sus experiencias para fortalecer el contenido del documento. Por el momento, la guía se encuentra en elaboración, por lo que no debe presentarse como un instrumento ya concluido o vigente.
La iniciativa forma parte del eje de Trabajo Digno y Seguridad Social del Plan de Justicia para las Personas Trabajadoras Agrícolas de San Quintín. Dentro de esta estrategia, en abril de 2026 comenzó a operar el Centro de Atención Integral para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, concebido como un espacio permanente para acercar servicios, recibir quejas y denuncias, revisar contratos y facilitar el acceso a orientación jurídica, apoyo psicológico y seguridad social.
La violencia laboral también debe entenderse como una cuestión de salud y seguridad en el trabajo. Puede deteriorar el bienestar psicológico, aumentar el estrés, generar aislamiento y afectar la capacidad de una persona para desempeñar su actividad en condiciones seguras. En el trabajo agrícola, su prevención requiere considerar además la temporalidad, la movilidad, las relaciones jerárquicas, la diversidad lingüística y las posibles dificultades para acceder a canales institucionales.
El taller constituye un paso de escucha y construcción participativa, pero su alcance debe valorarse con prudencia: participaron 15 mujeres y el comunicado no presenta todavía indicadores sobre reducción de casos, denuncias atendidas o cambios verificados en los centros de trabajo. El seguimiento de la guía, su difusión en distintas lenguas y su aplicación efectiva serán elementos fundamentales para evaluar los resultados de la iniciativa.
La NOM-035-STPS-2018 establece elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover entornos organizacionales favorables. Entre las obligaciones patronales se encuentra contar con una política que contemple la prevención de la violencia laboral y adoptar medidas para atender los actos que puedan producirse. Las obligaciones concretas varían según el tamaño del centro de trabajo.
La STPS también dispone de un modelo de protocolo para prevenir y atender acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual. Estos instrumentos generales deben adaptarse a las condiciones reales del trabajo agrícola, procurando que los mecanismos sean accesibles para personas temporales, migrantes o hablantes de lenguas indígenas. Modelo de protocolo de la STPS.
Implicaciones para empresas y profesionales
Las empresas agrícolas deberían revisar, con asesoramiento especializado cuando corresponda:
- La existencia de una política clara contra la violencia y la discriminación.
- Los canales confidenciales para comunicar hechos y solicitar ayuda.
- La protección frente a represalias.
- La capacitación de supervisores, mandos y personal encargado de recibir quejas.
- La accesibilidad lingüística y cultural de los materiales.
- La coordinación entre recursos humanos, seguridad y salud, servicios médicos y asesoría jurídica.
- El seguimiento documentado de los casos y de las medidas preventivas adoptadas.
Estas acciones deben adaptarse al tamaño, organización y riesgos de cada centro de trabajo. No sustituyen una revisión jurídica o técnica individualizada.
La participación directa de las jornaleras puede ayudar a que las herramientas institucionales respondan mejor a los obstáculos que encuentran en el campo. El desafío será convertir la escucha en procedimientos accesibles, recursos suficientes y resultados verificables, sin trasladar a las víctimas la responsabilidad de resolver situaciones que deben prevenirse desde la organización del trabajo.
