De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo.
En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores.
A la comunidad trabajadora, le recuerda la importancia de no acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, para no ser un riesgo de potencial de contagio para otras personas.
Fuente: STPS