Según el periódico El Economista, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incorporará inspectores para cumplir reforma laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aumentará en 27% su plantilla de inspectores del trabajo para poder cumplir con las nuevas obligaciones del nuevo esquema de justicia laboral y democracia sindical en el país. Ello, derivado del nuevo esquema de justicia laboral y democracia sindical presentado en días pasados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos; en tres años se revisarán hasta 200,000 contratos colectivos de trabajo.
De acuerdo con el plan de implementación de la reforma laboral, el número de inspectores de la STPS pasará de 478 a 610 servidores públicos. Además, el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá un equipo de 192 inspectores, el doble de lo contemplado en un inicio. Con esto, se contará con una red de 1,129 funcionarios federales y locales para llevar a cabo las tareas de supervisión de compañías y sindicatos.
Sobre el tema de democracia sindical, las estimaciones de la STPS son que en los próximos tres años de implementación de la reforma laboral se tendrán que revisar entre 150,000 y 200,000 contratos colectivos de trabajo (CCT).
Los sindicatos están obligados por la LFT a modificar antes del 31 de diciembre sus estatutos para adecuarlos a las elecciones de dirigentes por el voto libre, directo y secreto de sus agremiados. Además, antes del 2023 tendrán que legitimar sus CCT, los que no pasen por este ejercicio democrático serán anulados. La STPS proyecta que en este proceso de transición sus 610 inspectores participarán en la validación de 30,000 contratos colectivos de trabajo anualmente. Esto será complementado con 3,600 inspecciones locales y 8,400 ratificaciones de notarios públicos. Así, entre el 2020 y 2023 se pretende dar el visto bueno a 42,000 contratos colectivos por año.
“Se ha previsto un escenario en el cual, debido a la baja participación de los sindicatos, el número de las inspecciones aumentará exponencialmente en el último año del plan de trabajo. Durante los primeros tres años, el número de inspecciones potenciales excede el número de las inspecciones programadas. Es hasta el último año cuando el número de las inspecciones excedería la meta anual definida por cada autoridad”, aclara la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde. La reforma a la LFT en materia de justicia laboral y democracia sindical promulgada el 1 de mayo contempla un programa de implementación gradual de cuatro años que comenzará con la creación del CFCRL a finales del 2019, organismo independiente que sustituirá a las juntas de conciliación y arbitraje.
Fuente: El Economista